12 Oct ¿Puede una empresa reclamar el dinero pagado por una aplicación informática que nunca llegó a funcionar?
Una empresa contrata el desarrollo de una aplicación, paga las facturas y espera disponer de una herramienta que mejore su actividad. Sin embargo, pasan los meses, aparecen errores y el software nunca llega a funcionar correctamente. ¿Puede recuperar su inversión? La legislación española contempla mecanismos de reclamación y el peritaje informático puede resultar determinante para demostrar el incumplimiento contractual.
Los conflictos entre empresas y proveedores tecnológicos son más frecuentes de lo que podría parecer. Proyectos ERP que no llegan a implantarse, aplicaciones desarrolladas a medida con funcionalidades incompletas, plataformas web que presentan fallos continuos o soluciones informáticas que nunca alcanzan los objetivos contratados.
En muchas ocasiones, las empresas afectadas terminan asumiendo importantes pérdidas económicas porque desconocen sus posibilidades de reclamación.
Sin embargo, haber pagado por un software no significa que exista obligación de aceptar un producto que incumple gravemente las condiciones acordadas.
¿Qué dice la legislación española sobre el software que no funciona?
El Código Civil establece distintos mecanismos para proteger a las partes cuando se produce un incumplimiento contractual.
El artículo 1101 contempla la responsabilidad por daños y perjuicios cuando concurren los presupuestos legales correspondientes.
Por su parte, el artículo 1124 permite, en las obligaciones recíprocas, solicitar el cumplimiento del contrato o su resolución, con las consecuencias indemnizatorias que procedan.
Aplicado a un proyecto informático, esto significa que una empresa podría reclamar la devolución de cantidades abonadas cuando el incumplimiento del proveedor tenga la suficiente gravedad para justificar la resolución contractual.
No obstante, no cualquier error de programación permite recuperar toda la inversión.
Es necesario analizar qué se contrató, cuáles eran las obligaciones del desarrollador y hasta qué punto las deficiencias impiden alcanzar la finalidad del proyecto.
Una sentencia reconoció más de 167.000 euros por un proyecto informático defectuoso
La jurisprudencia española ofrece ejemplos especialmente relevantes.
La Audiencia Provincial de Madrid, en su sentencia 6/2024, de 10 de enero, examinó un conflicto relacionado con el desarrollo de un sistema informático que presentaba numerosos errores y deficiencias.
El análisis pericial puso de manifiesto problemas funcionales, fallos en operaciones básicas y dificultades que impedían utilizar adecuadamente la herramienta contratada.
El tribunal apreció un incumplimiento grave y esencial, confirmando la procedencia de la resolución contractual.
Como consecuencia, reconoció 112.156,18 euros en concepto de devolución de cantidades abonadas, además de 55.433,79 euros como indemnización por daños y perjuicios asociados a trabajos que los empleados tuvieron que repetir debido al funcionamiento defectuoso del software.
Esta resolución demuestra la importancia de acreditar tanto las deficiencias técnicas como sus consecuencias económicas.
¿Qué debe demostrar una empresa para reclamar?
Uno de los principales problemas de estos procedimientos consiste en acreditar que el software incumple realmente las condiciones contratadas.
Para ello, resulta fundamental disponer de evidencias sobre:
- Los requisitos acordados: qué funcionalidades debía proporcionar la aplicación y cuáles fueron efectivamente entregadas.
- Los defectos técnicos: errores de programación, procesos inoperativos, problemas de integración o funcionalidades incompletas.
- Los incumplimientos de plazos: retrasos respecto de los compromisos establecidos.
- Las comunicaciones con el proveedor: incidencias notificadas, respuestas recibidas y compromisos de corrección.
- Los perjuicios económicos: cantidades abonadas, gastos adicionales, trabajos repetidos y pérdidas directamente relacionadas con los incumplimientos.
También debe examinarse si la empresa cliente cumplió sus propias obligaciones, como facilitar información, validar requisitos o colaborar en las pruebas.
La responsabilidad no puede atribuirse automáticamente al desarrollador sin analizar las actuaciones de ambas partes.
El papel decisivo del perito informático judicial
Cuando existe un conflicto tecnológico, el informe pericial permite transformar una reclamación basada en quejas generales en una evaluación técnica fundamentada.
Un perito informático puede analizar el contrato, los requisitos funcionales, los entregables, el código fuente cuando sea accesible, las incidencias y el funcionamiento efectivo de la aplicación.
Mediante pruebas técnicas y documentales, puede determinar qué funcionalidades se encuentran operativas, cuáles presentan defectos y qué relación existe entre esas deficiencias y los compromisos del proveedor.
Asimismo, puede evaluar el grado de ejecución del proyecto y proporcionar elementos técnicos para cuantificar el coste de las correcciones o de los trabajos pendientes.
Su intervención resulta especialmente relevante cuando el proveedor sostiene que el programa funciona correctamente y atribuye los problemas a una configuración incorrecta o a la falta de colaboración del cliente.
El perito no sustituye al juez en la determinación de la responsabilidad jurídica, pero aporta conocimientos especializados para valorar los hechos controvertidos.
¿Es necesario acudir directamente a los tribunales?
No siempre.
Antes de iniciar un procedimiento judicial, conviene revisar el contrato, documentar las incidencias y valorar las posibilidades de alcanzar un acuerdo.
Además, la Ley Orgánica 1/2025 establece, con carácter general y determinadas excepciones, la necesidad de intentar previamente un medio adecuado de solución de controversias en los asuntos civiles y mercantiles.
La negociación, la mediación o la intervención de una persona experta independiente pueden contribuir a resolver el conflicto sin necesidad de celebrar un juicio.
Un informe técnico preliminar también puede ayudar a conocer la situación real del proyecto antes de adoptar decisiones.
Peritaje informático especializado en conflictos de software
En Leyes y Tecnología ofrecemos servicios especializados de peritaje informático judicial y evaluación técnica de proyectos tecnológicos.
Nuestra actividad comprende el análisis de aplicaciones desarrolladas a medida, plataformas web, aplicaciones móviles y sistemas de gestión empresarial ERP, incluyendo SAP, Microsoft Dynamics y Odoo.
Mediante una metodología basada en evidencias, examinamos los compromisos contractuales, el estado real del software y las posibles desviaciones técnicas, elaborando informes periciales destinados a aportar claridad en conflictos entre clientes y proveedores.
Estos servicios están dirigidos tanto a empresas que consideran haber sufrido un incumplimiento como a desarrolladores y consultoras que necesitan defender técnicamente la correcta ejecución de sus trabajos.
Conclusión: pagar por un software no obliga a aceptar cualquier resultado
Una aplicación informática debe evaluarse conforme a las funcionalidades y condiciones realmente contratadas.
Cuando existen incumplimientos graves, la empresa puede disponer de mecanismos legales para solicitar la resolución del contrato, recuperar cantidades abonadas y reclamar daños acreditados.
Pero el éxito de estas pretensiones depende de las circunstancias y, especialmente, de la calidad de las pruebas disponibles.
Porque en un conflicto informático no basta con afirmar que una aplicación nunca funcionó: lo verdaderamente importante es poder demostrar técnicamente por qué no funcionó, qué obligaciones se incumplieron y qué consecuencias tuvo para la empresa.
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